Ramid, ministro y dirigente de la formación islamista moderada Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD), inicia hoy su primera visita oficial a España que las autoridades españolas han convertido en clandestina. “La sensibilidad del tema a tratar incita a Gallardón a querer alejarse de los focos”, explica un diplomático. El sufrimiento de los padres queda reflejado en su misiva que se añade a otras remitidas a los reyes de España y Marruecos. Cuentan en ella que, “cada día que pasa, los pequeños muestran más síntomas de institucionalización: altos niveles de ansiedad, retraso generalizado en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje, irritabilidad, llantos incontrolados cada vez que nos separamos de ellos, depresión…”.
Con todos estos bebés estas familias españolas, a las que se añaden cerca de 40 europeas y de EE UU, han establecido desde hace más de un año fuertes vínculos afectivos. “Los queremos, vivimos para ellos, pero ya no estamos seguros de que podremos criarlos”, relataba hace meses en Rabat la barcelonesa Mar.
Poco después de la llegada, en enero, del PJD al Gobierno de Rabat, las kafalas —modalidad de adopción marroquí equiparable a una tutela dativa— se interrumpieron y, en septiembre, Ramid envió una circular a los fiscales instándoles a oponerse a que se entregaran niños a extranjeros y marroquíes si no residían en Marruecos. El ministro alegaba que no se podía controlar que los tutores respetasen, una vez fuera del país, los términos de la kafala que les obliga a preservar la identidad del niño, es decir, su religión islámica, su nacionalidad y su filiación pese a que el nombre y apellidos del crío abandonado los elige un funcionario del registro civil.
Gallardón hizo, en febrero, un gesto para resolver el problema proponiendo por carta a Ramid modificar la ley internacional de adopción, de 2007, para reconocer en ella esta figura islámica y constreñir a los españoles que tutelen a niños marroquíes a respetarla. En la práctica no podrían solicitar ante la justicia la adopción plena de los niños tutelados.
Ese mismo febrero, el PJD concluyó la elaboración de una nueva ley sobre la kafala que ha introducido en junio en el Parlamento. Endurece aún más los requisitos. Estipula que uno de los dos adoptantes debe ser marroquí y residir al menos cinco años en el país antes de ir al extranjero con el niño. Descarta así también a los inmigrantes marroquíes.
El País
No hay comentarios